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DDHH Olvidados | Carlos Julio Rojas: el periodista de la puerta giratoria 

Tres veces ha estado preso el periodista Carlos Julio Rojas y esta vez parece ser la más grave. 

La noche del pasado lunes 15 de abril mientras caminaba cerca de su casa por La Candelaria, el miembro de la asociación de vecinos Frente Norte de Caracas fue detenido por hombres encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y montado en una camioneta plateada.

Al día siguiente, el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a Rojas de formar parte de una red de conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. 

De acuerdo a Saab, Rojas en concordancia con el partido Vente Venezuela y la ganadora de la primaria opositora, María Corina Machado, estaban planeando un ataque el pasado 25 de marzo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, con el fin de impedir la inscripción de Maduro como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A Rojas le imputaron los cargos de asociación e instigacion para delinquir, terrorismo, conspiracion y magnicidio en grado de tentativa.

Como ya es costumbre entre los presos que captura el gobierno venezolano y les acusa de conspiradores, Rojas no ha tenido derecho a la defensa privada y apenas este jueves 18 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas informó que su sitio de reclusión es la sede del Sebin en El Helicoide

Rojas había advertido que por su activismo social, apoyo a los problemas de la comunidad y acompañamiento a los pensionados recibió amenazas de parte de funcionarios y civiles pertenecientes a fuerzas de choque del chavismo.

Alfonso Medina Roa, abogado defensor de Rojas, indicó que todo lo señalado por el fiscal es contrario a las normas procesales.

“Todas estas actuaciones son irregulares y carecen de veracidad en cuanto al hecho, es decir, hay una imposibilidad real que esto haya ocurrido como lo refiere el fiscal general”, dijo Medina Roa a los medios de comunicación.

Como también ya es costumbre, el periodista fue presentado la noche de este 17 de abril ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo.

“Se hizo una especie de audiencia oculta para limitar el ejercicio de la defensa. Quien pidió la audiencia de presentación fue un defensor público por la limitación real en la designación de su defensa”, agregó Medina Roa. 

El abogado indicó que una situación como la que actualmente atraviesa Rojas era temida y por tal razón solicitaron una medida de protección cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Él venía denunciando este acoso que se desarrollaba. Había una intención de vincularlo en algún hecho”, sentenció Medina Roa. 

Rojas: una historia de persecución y encarcelamiento 

En septiembre del año pasado, el propio Rojas denunció un plan de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para detenerlo por supuestas actividades irregulares.

Rojas dijo que querían vincularlo con el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, detenido por aparentes actividades desestabilizadoras vinculadas a miembros de la actividad sindical.

El periodista tuvo un papel protagónico en la detención de Alvarez y denunció las irregularidades a las que fue sometido el estudiante liberado en diciembre como parte del cambio que significó la salida a la calle del empresario colombiano, Alex Saab.

La primera vez que Rojas estuvo preso por el gobierno fue en julio de 2017, año de protestas contra Maduro.

El periodista iba saliendo de un mercado cuando fue interceptado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Su abogada dijo en ese momento que lo mantuvieron en desaparición forzada por 60 horas y que le sembraron al menos cinco granadas. 

En vez de presentarlo ante un tribunal civil como corresponde, a Rojos lo llevaron a uno militar y lo remitieron a la cárcel de Ramo Verde, donde tuvo como compañeros de celda a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Renzo Prieto y el hoy fallecido teniente Ronald Ojeda.

Le acusaron de traición a la patria, contra la integridad, independencia y libertad de la nación, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

Durante su permanencia en Ramo Verde por más de un mes, Rojas dijo que fue sometido a torturas psicológicas y vejaciones de todo tipo. “No me golpearon, pero psicológicamente fue fuerte”, dijo. 

Posteriormente fue aprehendido en 2020 en el centro de Caracas durante una protesta de pensionados en la que estuvo menos de un día detenido, pero amenazado por colectivos y uniformados. “Ser periodista y líder social no es un delito”, dijo Rojas en ese entonces.

 

 

DDHH Olvidados | El grito de auxilio de Dignora Hernández todavía retumba

La última vez que se supo de Dignora Hernández, la secretaria política nacional del partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado, fue el pasado 20 de marzo. En un video difundido en redes sociales quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. 

“Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora que estremeció a todo el país. Desde entonces, sus familiares y abogados solo saben que está detenida en el Helicoide, en Caracas. 

Ese mismo día, el fiscal Tarek William Saab, informó la detención de Hernández argumentando que estaba involucrada en una nueva trama de conspiración contra el Estado.  

En declaraciones de Saab a los medios de comunicación, explicó que lograron obtener dos videos «reveladores» en donde Emil Brand Ulloa, coordinador estatal de Vente Venezuela en Barinas, confesó que tenían planes para «desestabilizar el país». 

En el video mostrado por Saab aparece Ulloa diciendo que Magaly Meda y Henry Alviárez, ambos del comando de Vente Venezuela, dan instrucciones para que inicien las acciones «desestabilizadoras para forzar la habilitación de María Corina Machado». 

Según Saab, Ulloa también confesó que a finales de diciembre Henry Alviárez (también detenido), viajó a Barinas para contactar al general retirado Oswaldo Bracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio junto con Julio Borges y Antonio Ledezma. En la declaración del militante de Vente Venezuela, aseguró que si el plan no resultaba, Bracho, Borges y Ledezma “activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira”.

Tarek William Saab señaló que Dignora Hernández sería la encargada del proyecto Gran Alianza Territorial, en Barinas, el cual buscaba “producir acciones de calle para subvertir el orden”.

“Un golpe fuerte para toda la familia”

Dignora Hernández es licenciada en Educación. Fue diputada suplente por el estado Monagas en la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021 en las elecciones parlamentarias de 2015, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por el partido Cuentas Claras.

La detención de Dignora Hernández “ha sido un golpe fuerte para toda la familia”, así lo indicó María Laura Márquez, sobrina de la dirigente de Vente Venezuela. 

Márquez informó que tienen conocimiento de que su tía está recluida en El Helicoide, en Caracas; sin embargo, no han podido verla porque tiene prohibidas las visitas. 

“Todas las semanas vamos a llevarle un bolsito con ropa, comida congelada y empaquetada. Es como un sistema por cita, a nosotros nos avisan cuando podemos llevarle sus cosas”, detalló Márquez.

La sobrina de Dignora detalló que para toda la familia ha sido un “momento traumático” porque toda la dinámica familiar está alterada. Sobre su abuela, la madre de Hernández, indicó que ha estado tranquila y acompañada por todos los familiares que están en Yaracuy. 

“Nosotros no hemos querido trasladar a mi abuela para no someterla a este estrés que tenemos nosotros aquí, sometidos y esclavos de los teléfonos esperando a ver si nos llega algún aviso sobre la visita”, dijo. 

Comentó que la reciente visita de María Corina Machado a su abuela en Yaracuy fue muy positivo y le brindó mucha seguridad y confianza de que pronto Hernández va a estar en libertad.

“Se sigue violando el debido proceso”

“De Dignora Hernández no sabemos absolutamente nada desde el día de su detención”, reiteró Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y agregó que en este caso se viola el derecho al debido proceso y que además es una desaparición forzada.

Moreno detalló que los abogados de Vente Venezuela han acudido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para denunciar la desaparición forzada, pero no han obtenido respuestas. 

El caso de Dignora Hernández no es el único. Actualmente, Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López, Emil Brand y Henry Alviarez, todos miembros del partido que lidera María Corina Machado, también están detenidos. 

Además, Claudia Macero, jefa de comunicaciones del equipo de Machado; el exdiputado Omar González Moreno y Magaly Meda, jefa de campaña, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de campaña; Oswaldo Bracho, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motolla, tienen orden de aprehensión, dictada por Tarek William Saab. 

Refugio en organismos internacionales

Orlando Moreno detalló que no se han quedado de brazos cruzados y han emprendido una campaña de información ante organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Human Right Watch, el Instituto Casla y la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la abogada Tamara Suju. 

El coordinador agregó que a través de David Smolansky, le han enviado toda la información al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como también a los Grupos de Trabajo de Detención Arbitraria y desaparición forzada de la ONU para que estos emitan su opinión en base a lo que está ocurriendo con los militantes del partido de María Corina Machado. 

DDHH Olvidados | El celular de Alcedo Mora tiene 9 años sin emitir señal

Desde el 27 de febrero de 2015 la familia de Alcedo Mora Márquez denuncia su paradero. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU alertan que él es una víctima de desaparición forzada, pero el Estado venezolano no ha hecho ningún avance en su caso. 

Desde que cumplió 18 años, Mora se involucró en los grupos políticos socialistas y comunistas del estado Mérida, al occidente venezolano. En 2015, cuando tenía 54 años, trabajaba con el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), una facción del Partido Comunista de Venezuela, y en la gobernación merideña de Alexis Ramírez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Él llevaba más de ocho meses investigando por su cuenta una presunta trama de corrupción y contrabando de gasolina hacia Colombia entre los miembros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una empresa estatal, y la gobernación local. 

Ese 27 de febrero, poco después de reunirse con el secretario general de la gobernación de Ramírez para formalizar su denuncia, Mora desapareció. 

El rastro en los teléfonos

«Camaradas, alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la cosa es complicada. Me quieren cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente». Ese fue el último mensaje que le había escrito Alcedo Mora a sus compañeros de trabajo tres días antes de desaparecer, según las declaraciones de su hijo, Simón Mora, a los medios de comunicación.  

Sin embargo, Marino Alvarado, abogado y activista de la ONG Provea, advierte que Alcedo nunca tuvo una orden de aprehensión por parte del Estado venezolano.

Alcedo Mora había enviado un mensaje de texto a su esposa para avisarle que saldría de su casa a trabajar. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia

Cuando introdujeron la denuncia al Ministerio Público el 8 de marzo, el teléfono de Alcedo era el único rastro de su paradero

«De lo investigado a través del rastreo del celular de Alcedo, se pudo establecer que el dispositivo estuvo activo durante unas 48 horas. Es posible que sus captores no hubiesen desaparecido el teléfono y lo prendían y apagaban. Se pudo determinar que en esas primeras 36 horas a Alcedo Mora lo sacaron de ciudad Mérida, pero se mantuvo dentro del estado. Luego, sí se perdió todo rastro de la señal telefónica», dijo Marino Alvarado en una entrevista a Runrun.es.

Después de ese hallazgo, ni el Ministerio Público ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) prosiguieron con el caso y apagaron sus esfuerzos

Promesas congeladas en pantallas

Tarek William Saab, para ese entonces presidente de la Defensoría del Pueblo, prometió en el canal estatal Venezolana de Televisión que «iba a hacer todo lo posible» para resolver el caso. El abogado y partidario del PSUV había declarado que Alcedo Mora era un compañero cercano, de allí nació su interés en lograr la justicia para él y su familia. 

Desde la red social Twitter (ahora conocida como X), Saab exhortó al CICPC y al Ministerio Público a investigar el caso. Pero desde junio del 2015 dejó de hablar públicamente sobre el tema

En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente nombró a Saab como fiscal general de la República, el máximo representante del Ministerio Público. «Y prometió que volvería a abrir el caso de mi padre, pero hasta ahora solo se quedó en esa promesa. No han hecho nada», dijo a El Pitazo Alcedo Mora Carrero, hijo del líder político desaparecido. 

Fuera de las pantallas, la familia Mora recibió amenazas: funcionarios allanaron su vivienda sin órdenes de cateo, recibían mensajes y llamadas advirtiéndoles que maltratarían a otros familiares si seguían denunciando y los propios miembros del Ministerio Público no les permitían dar un expediente a los abogados y los desalentaron a seguir el caso. 

Desde el 2015, varios de los familiares de Alcedo se fueron del país para tener seguridad, la mayoría está en Ecuador. 

Alcedo Mora: sin justicia por ningún lado

«Ante la falta de investigación en Venezuela, Provea acompañó a los familiares, particularmente a  dos hijos de Alcedo, a presentar el caso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio del 2016. Y el 22 de abril de 2020 el comité dictaminó que no se había presentado suficientes evidencias que indicaban que el señor Alcedo Mora había sido desaparecido por agentes del Estado venezolano. Pero también sentenció que la Justicia venezolana ha alargado injustificadamente la investigación», recordó Alvarado. 

El activista de Provea advierte que el Ministerio Público venezolano dejó de investigar el caso cuando cambiaron, sin previo aviso, los fiscales asignados. A partir de junio del 2015 había empezado el silencio y la opacidad.

«Tampoco se llamó a declarar a quien para ese momento era gobernador del estado Mérida, quién hizo una serie de afirmaciones públicas de interés para la investigación y que muy bien el Ministerio Público pudo haber solicitado para declarar. Tampoco se ha tomado declaraciones de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, toda la información recopilada indica que las mayores sospechas recaen sobre funcionarios del Sebin», reflexionó.

Junto al caso de Mora se incluye la desaparición forzada de los hermanos colombianos Esneider y Eliecer Vergel, quienes eran refugiados en Venezuela y trabajaban con Alcedo. La última información sobre ellos fue el primero de marzo del 2015, días después de la desaparición del merideño. 

A varios meses de cumplirse una década sin saber dónde está Mora, sus familiares siguen reclamando justicia desde instancias internacionales. Su experiencia no es la única: otros 216 casos de desapariciones forzadas que Provea ha registrado entre los años 2000 y 2022 aún siguen sin respuesta. Al menos 78 de esos casos han ocurrido durante la presidencia actual.

15 días detenidos cumplieron dirigentes de Vente Venezuela 

15 días han pasado desde la detención de los dirigentes de Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviárez.

Los coordinadores del partido liderado por María Corina Machado fueron aprehendidos por efectivos de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro el pasado 20 de marzo.

Horas después, el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que los dirigentes fueron apresados por estar vinculados a supuestos planes de desestabilización.

El funcionario aseguró que en su declaración, el también miembro aprehendido de Vente Venezuela, Emil Brandt Ulloa, dijo que «el 6 de diciembre de 2023 en Caracas, Magalli Meda y Henry Alviarez dan instrucciones sobre las acciones desestabilizadoras que debían iniciar para forzar la habilitación de María Corina Machado, destacando que debían incitar la violencia y provocar la actuación de funcionarios militares y policiales para ellos victimizarse, y desde Barinas, activar la desestabilización progresiva del país».

Miembros de Vente Venezuela aseguran que tanto Hernández como Alviárez permanecen en desaparición forzada, se desconoce su paradero y no han podido tener contacto con abogados privados.

Después de la detención de Hernández y Alviárez, el fiscal anunció órdenes de aprehensión contra los miembros de Vente Venezuela, Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magalli Meda, algunos de los cuales consiguieron protección en la sede de la embajada de Argentina en Caracas.

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela exigió al gobierno de Maduro la liberación de Hernández y Alviárez, así como la de la directora de la ONG Control Ciudadano y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel

“Exigimos la liberación de Rocío San Miguel, defensora de DDHH quien lleva casi 2 meses detenida, acusada sin el debido proceso. De los dos colaboradores del partido opositor venezolano Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández y de todos los presos políticos en Venezuela”, indicó la embajada en su cuenta de X. 

 

Ratifican condena de 30 años a Emirlendris Benítez pese a petición de medida humanitaria

La jueza Katherine Harrington ratificó la condena a 30 años de prisión contra Emirlendris Benítez por estar implicada en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

Al igual que al general Héctor Hernández da Costa y al estudiante Oswaldo Castillo, la Corte de Apelaciones a cargo de Harrington ratificó la pena máxima contra la comerciante.

Loredana Hernández, hija de Hernández Da Costa, informó por su cuenta de X que «la juez de apelación ratificó la «injusta condena» a su padre. 

«Esta decisión se tomó a pesar de ser inocente, sin prueba, ni testigos en contra e irrespetando las medidas internacionales de protección y liberación que posee mi padre», agregó Hernández.

Por su parte, la abogada Theresly Malave denunció en sus redes sociales que «la sentencia contra Castillo es un vivo ejemplo de lo que un juez no debe hacer…Oswaldo jamás estuvo vinculado a esos hechos y así quedó probado».

Por el caso denominado de los “drones”, también fueron condenados Juan Carlos Monasterios, Juan Requesens, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Yanin Pernía, el general de División Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.

Emirlendris en precario estado de salud

El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias pidió la liberación de  Benítez y que se le concediera una indemnización, además de otros tipos de reparación en 2022, sin embargo el requerimiento no fue tomado en cuenta por la jueza.

Benítez,  de 42 años de edad, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques.

 Sus familiares así como ONG han solicitado a las autoridades en reiteradas ocasiones que se le garantice atención médica o medidas cautelares para poder recibir un tratamiento adecuado.

 

 

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, declaró el mes pasado que Benítez se encuentra en delicado estado de salud. “No puede caminar”, dijo.

“Tras su detención arbitraria y cuatro años de retardo procesal, Emirlendris no solamente recibió la pena máxima en 2022, sin existir pruebas en su contra ni el desarrollo del debido proceso, sino que las fuertes torturas a las que fue sometida han colocado su estado de salud en el límite de riesgo inminente, y ya con secuelas irreversibles para poder caminar con normalidad. La denuncia sobre su situación ha sido replicada por organismos internacionales de derechos humanos y forma parte de los casos revisados por la Misión Independiente de Determinación de Hechos Venezuela I de la ONU”, se desprende de un comunicado de JEP.

Benítez fue detenida el pasado 5 de agosto de 2018 junto a su pareja Yolmer Escalona cuando transitaban por una alcabala. 

Durante su reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hubo denuncias de que fue torturada por funcionarios y a raíz de ello perdió al bebé que estaba gestando en ese momento.

DDHH Olvidados | Las mujeres lidian con “suelos pegajosos” y barreras financieras

Más de 1,8 millones de mujeres venezolanas no están incluidas en el mercado laboral por cumplir responsabilidades en el hogar como cuidadoras, según los hallazgos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2023.

Para Patricia Valladares, presidenta de la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres (AVEM) “hay que hacer muchas cosas” para mejorar esa situación, además de resaltar la existencia de la brecha salarial, que, según señaló, para muchos “es invisible”.

“La gente te dice que todos los salarios son iguales, pero ahí está en nuestras cuentas bancarias y en la dificultad de llegar a ganar más que ellos”, señaló Valladares durante el cuarto foro anual de AVEM.

Valladares consideró que estos espacios, como el foro de AVEM, realizado el pasado 20 de marzo en el Hotel Eurobuilding de Caracas, son necesarios para compartir información de calidad que permita implementar los cambios que son posibles y que estos “traigan mejoras a las mujeres de nuestras empresas y así lograr un avance palpable”.

Bajo porcentaje de mujeres con altos cargos en empresas

Marita Seara, fundadora ejecutiva de Visionarias Business, señaló que las mujeres hacen que las economías “crezcan y las sociedades evolucionen”, por lo que insta a las mujeres a “caminar juntas para derribar barreras, síndromes y todos los estereotipos” que frenan para  alcanzar la igualdad.

Visionarias Business nació en 2021 como una iniciativa enfocada en objetivos de desarrollo sostenible que involucran los derechos de las mujeres. Ese año presentaron un estudio hecho en alianza con Business Venezuela y aplicado a una muestra de casi 90 empresas. 60% manifestó que nunca había tenido una mujer CEO; 24% tenía cero representación de mujeres en sus juntas directivas y 69% no tenía ninguna política o programa de igualdad en sus compañías. 

“En tres años sé que eso ha cambiado bastante, porque hoy más empresas están comprometidas por mejorar la participación de la mujer, abogar y realizar acciones por su bienestar e implementar protocolos y políticas para acabar, entre muchas otras cosas, con el acoso sexual en las empresas”, señaló Seara.

Sin embargo, consideró que todavía hay cifras que se deben superar, pues muchas indican las ganancias que tendrían si las empresas y organizaciones invirtieran más en las mujeres.

Al respecto, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio”, publicado en el 2019 y en el que se consultaron a 13.000 empresas en 70 países, mencionó  que más del 54% de las empresas manifestaron que mayor inclusión de las mujeres en todos los niveles “ha significado mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura”.

“La igualdad debe ser una realidad y no debemos esperar 200 o 300 años más. Debemos comenzar desde nuestras trincheras para transformar nuestras vidas y transformar las vidas de la gente a nuestro alrededor”, añadió Seara.

“Suelos pegajosos”

Susana Reina, directora fundadora de la ONG FeminismoINC, organización que trabaja por el empoderamiento femenino para que más mujeres accedan al poder económico, político y social en sus ámbitos de influencia, refirió que la gran mayoría de las mujeres sufre de los “suelos pegajosos”, una metáfora que, según explica, mantiene a la mujer “empegostada a la base” al tener dificultades para llevar sus trabajos por su labor de cuidadoras o porque a sus esposos no les gusta, por ejemplo, que salgan a “tomarse unos tragos”.

“Es todo el trabajo invisible de los cuidados. Por la idea de que somos cuidadoras naturales todavía. Crecemos creyendo que los cuidados son cosa nuestra, una división arbitraria, muy sexista; que además nos ancla, porque el cuidado no es solamente de los niños, pues e mujeres sin hijos tienen problemas para cuidar padres y hermanos menores”, dijo.

Para Reina los “suelos pegajosos” representan una “dificultad para conciliar”, algo que se hace más cuesta arriba con los Estados que no tienen infraestructura, medidas o políticas públicas que apoyen.

También se le suma que muchas mujeres tienen trabajos “peor remunerados” a tiempo parcial o freelance, donde no hay ni seguridad, ni  estabilidad ni posibilidad de ahorrar.

Susana Reina se refirió por otra parte a los “sectores feminizados”, que usualmente son los peor pagados, destacando ejemplos como la enfermería, trabajos de maestra y el trabajo doméstico, donde la mujer está más representada, pero no alcanzan una posición alta.

Autonomía económica contra la violencia

Vanessa Marcano, comunicadora social y cofundadora de Femdata, consultora que brinda asesorías en la formación, concientización y comunicación con perspectiva feminista, consideró que es importante que las mujeres tengan autonomía financiera, pues es algo que las “libera de cualquier tipo de violencia doméstica o de género”.

“Está comprobado que las mujeres que tienen autonomía económica no se quedan en hogares donde hay violencia”, apuntó Marcano en su intervención durante el foro de AVEM.

Marcano recalcó con preocupación que las mujeres representan “la población más pobre del mundo entero”. Además, advirtió que el continente americano, pese a ser el más joven, “está envejeciendo”, lo que puede estar relacionado “con que cada vez queremos tener menos hijos”.

“¿Por qué tenemos que decidir si ser madres o ser profesionales? ¿Por qué esa pregunta no se la hacen a los hombres?”, cuestionó Vanessa Marcano, al tiempo que refirió que las mujeres llevan a cabo, al menos, 2.5 más de veces el trabajo en el hogar que los hombres. Y estas labores no son remuneradas.

“Con la maternidad, las mujeres decidimos dejar trabajos formales por tomar trabajos de menos cantidad de horas, o en la informalidad. Y hay muchas que se dedican a ser mamás y a los cinco años no saben lo duro que es repensar volver al trabajo”, alertó.

Para Vanessa Marcano, la corresponsabilidad en el hogar permitiría a las mujeres tener “mayor libertad y menor carga mental”.

Menos acceso a servicios financieros

Laura Ignino, miembro de Visionarias Business y abogada con experiencia en el sector gremial, de negocios y comercio internacional, indicó que las mujeres tienen barreras en lo financiero, lo cual “afecta su empoderamiento, crecimiento y autonomía económica”.

Consideró que se necesita más educación financiera para derribar esas barreras “y entender la importancia de ahorrar y planificar”. También, destacó la poca capacidad para ahorrar y que los sueldos son más bajos que los de los hombres, muchas se ven en la obligación de emprender y “la difícil incorporación que tienen en el mercado laboral formal por temas de trabajo y temas de cuidado”.

“¿Cómo hacen las mujeres para ahorrar? Vemos muchas mujeres que después de los 60 años se ven obligadas a emprender y no pueden disfrutar de su jubilación”, señaló Ignino en su intervención.

En conclusión, de acuerdo con Laura Ignino, las mujeres tienen menos acceso a los servicios financieros que los hombres y existen tres elementos que representan una desventaja: los servicios de salud, plan de pensiones y los créditos de emprendimiento liderados por mujeres.

@Andrea_GP21

Javier Tarazona cumplió este #28M 1.000 días preso 

1.000 días desde que el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fuese detenido y acusado por los supuestos delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria se cumplen este 28 de marzo.

Tarazona fue aprehendido junto a su hermano Rafael y al abogado Juan de Dios García el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar.

Su hermano y García fueron liberados bajo régimen de presentación el 26 de octubre de 2021, pero a Tarazona no se la ha permitido beneficio alguno, incluso se esperaba que fuese excarcelado en diciembre de 2023 como parte del trato con el gobierno de los Estados Unidos por el canje del colombiano condenado a prisión por lavado de dinero, Alex Saab y en el que salieron a la calle seis sindicalistas presos por protestar, el presidente de Súmate Roberto Abdul y el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez.

Fundaredes denunció que desde el momento de su detención, Tarazona ha estado sometido a retardos procesales por parte de la justicia madurista, presuntas torturas y enfrentado enfermedades como ansiedad, hipertensión y hasta covid-19, el cual nunca fue tratado y desembocó en una patología respiratoria.

Tarazona fue preso después de referirse al conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure durante marzo de 2021, el cual dejó muertos de lado y lado, al menos 3 mil personas desplazadas y múltiples denuncias de abusos a la sociedad civil por parte de los soldados venezolanos.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la la Unión Europea han solicitado la excarcelación del activista. 

“No hay nada que señale o fundamente que Javier ha instigado al odio o cometido actos de terrorismo, el Ministerio Publico solo se limita a las actas de los funcionarios que los detuvieron y a publicaciones en twitter”, dijo Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundaredes. 

 

Denuncian ante CIDH condiciones de presos políticos en Rodeo I

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los presos políticos de la cárcel de El Rodeo I, situación que fue remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Voceros del OVP indicaron que los reclusos por persecución política “duermen en el suelo, defecan en letrinas, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos”.

OVP recordó que tanto El Rodeo I como El Rodeo II tienen medidas provisionales dictadas por la CIDH desde 2008 y por ello remitió a la instancia internacional una actualización del estado de los presos políticos. 

“Esta situación de extrema gravedad y urgencia, que se ha agudizado en el tiempo, la padecen los presos políticos recientemente trasladados a El Rodeo I, quienes durante el traslado fueron incomunicados, y sus familiares y abogados no fueron debidamente notificados”, escribió OVP en X.

También, denunciaron que durante el traslado de los presos políticos no les permitieron llevar sus objetos personales,  carecen de acceso a agua potable, no consumen alimentos suficientes, deben bañarse en cinco minutos, no tienen acceso a medicamentos  y no pueden realizar llamadas telefónicas ni actividad física.

“Para ingresar al penal, los familiares son recibidos por custodios encapuchados y sin identificación, quienes les tapan los ojos para llevarlos al sitio donde hacen la visita sin contacto físico y en muy corto tiempo, siempre vigilados por los funcionarios”, expuso la organización.

A raíz de esta comunicación, la CIDH requirió al Estado venezolano que, a más tardar el 11 de abril de este año, presente un informe sobre la situación de los reclusos.

Luego de las excarcelaciones que se dieron el año pasado gracias al acuerdo de Barbados entre la Plataforma Unitaria y el oficialismo, desde enero 2024 se han registrado al menos 15 detenciones de disidentes políticos, la mayoría perteneciente al movimiento político Vente Venezuela.